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Comunidad de Cañadón Seco manifestó "hartazgo colectivo" al piquete que los mantiene de "rehenes"
 


Captura de video. Piquete de obreros de la Empresa de Lázaro Báez en la cuesta del "Gauchito Gil". Ruta Provincial N° 12 Caleta Olivia-Cañadón Seco.

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    «Lázaro Báez sigue sin pagar. Obreros Cortan la Ruta Provincial N° 12 -2016-». (02:49).

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  • El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco Jorge Soloaga, convocó el jueves por la tarde a referentes de organismos representativos de la comunidad a participar de una reunión para tratar los pasos a seguir en relación al bloqueo en la ruta Provincial Nº12 por parte de ex trabajadores de Austral Construcciones, que los mantienen desde hace varias semanas como rehenes.
    En primer lugar, el jefe comunal hizo mención a la presentación que se realizó días atrás en la justicia ordinaria con nulos resultados y a la carta abierta que se difundió esta misma semana en distintos medios de prensa con el aval de centenares de vecinos ante la evidente inacción judicial.
    En ese sentido sostuvo que “haremos entrega del pronunciamiento popular en Río Gallegos en el Tribunal Superior de Justicia, a la gobernadora Alicia Kirchner y al vicegobernador Pablo González. Es decir a las instancias máximas de los tres poderes del Estado”.

    Más adelante, Soloaga expresó que “Cañadón demostró su hartazgo total a este tipo de protestas, los trabajadores tienen todo el derecho de mundo a reclamar recurriendo a los organismos que la democracia y el estado de derecho nos da, pero no hay Ley ni Constitución que permita una protesta con intimidación, amenazas ni vejaciones hacia los vecinos, porque ahí se terminó la protesta y comenzó el delito. Queremos que la Justicia actúe de manera uniforme. Las cosas que escuchamos en estos días nos dejan perplejos”.
    En ese punto relató algunos de los traumáticos momentos que vivenciaron miembros de la comunidad en el piquete “a una joven embarazada le pidieron su DNI y al enterarse el nombre y apellido le dijeron que la iban a buscar en el Facebook, a otras mujeres las retuvieron colocando cubiertas adelante y atrás del vehículo, para que no pudieran avanzar ni retroceder, mientras ellos se lanzaban sobre el capot mientras les gritaban ‘que las venga a buscar Soloaga’”.
     


    Movilización colectiva y popular

    “Esta sin dudas –agregó- es una situación que altera hasta al más tranquilo. Luego de la presentación en Río Gallegos aguardaremos que la Justicia haga lo que tenga que hacer y que el Poder Ejecutivo Provincial tome las decisiones y medios a su alcance para poner fin a estas cosas”.
    En ese punto, Soloaga señaló que “pedimos el resguardo de los intereses colectivos de una comunidad y sabemos que a medida que tengamos un fuerte acompañamiento de los vecinos nuestro reclamo tendrá más peso”.
    “El primer paso que damos es anunciar y mantener el estado de alerta total en Cañadón Seco. El Consejo Comunal de Contingencia está en sesión permanente y si tenemos que hacer una convocatoria masiva para la movilización colectiva y popular la haremos”.
     


    Estremecedores relatos

    Minutos más tarde, tomaron la palabra los vecinos quienes relataron en primera persona distintas situaciones que les tocaron vivir, entre ellas una mujer que dio cuenta que a un familiar recién operado no lo dejaron pasar para asistir al médico ya que no tenía certificado y debió realizar un trasbordo a otro vehículo para no perder el turno.
    Otro hombre también contó que está cansado que los piqueteros le pregunten a donde va y porqué, “yo no tengo porqué darles explicaciones de mi vida. Soy un comerciante de esta localidad y esta semana tuve que despedir a un empleado, este mes seguramente serán tres más porque el dinero no me alcanza. Tengo todos los aportes al día y siento una desolación e impotencia terrible”.
    “No entiendo como no los pueden identificar, es una protesta la que realizan o un método de agresión a los vecinos, ¿por qué me tienen que parar? y encima con un palo, ¿por qué tengo que abrir la caja para que vean lo que llevo?, si es mi camioneta y es parte de mi privacidad”, se preguntó indignado un vecino.

    Otros de los miembros de la comunidad dieron cuenta que fueron testigos en más de una oportunidad de cómo los camioneros al llegar al piquete “abren las cámaras de productos refrigerados y deben dejarles algunas cajas para que los dejen pasar”, al igual que quienes reparten agua mineral envasada, que a modo de ‘peaje’ “hemos visto que les piden que dejen bidones, aunque cuando están vacíos por supuesto que no los dejan transitar”.
    Una mujer contó el calvario que le tocó vivir en el piquete, cuando se movilizaba con su hija de solo 9 años en un rodado “ella lloraba desconsoladamente porque esta gente le pegaba con palos a las rudas del auto y hacía gestos amenazantes.
    Pero esta situación no solo afecta a quienes toman coraje y se animan a cruzar hacia Caleta Olivia, sino también a los pequeños comerciantes, por ejemplo, de rotiserías que no pueden adquirir productos para elaboración y que muchas veces lo que cocinan lo deben tirar ya que “no tenemos clientes”.
     


    “Alguien va a tener que actuar”

    Más adelante, retomó la palabra el jefe comunal, quien escuchó atentamente los reclamos de los vecinos y reiteró el pedido a la Justicia para que “haga lo que tiene que hacer, ya que a medida que estas cosas se dejen pasar, esto va a seguir sucediendo”, aseguró.
    Finalmente sostuvo que se advierte claramente una actitud dual por parte de la Justicia de Santa Cruz, una jurisdicción, la del Juez Quelín en Las Heras que ante idéntica situación acciona para hacer cesar actos ilícitos, imputa y procesa, y otra en esta jurisdicción que es pasiva absolutamente. Y eso desprotege a la gente, la deja sometida a todos los riesgos y en definitiva no le sirve a la sociedad para garantizar la seguridad pública y velar por los intereses y derechos tanto individuales como colectivos.

    Es por ello que también estamos analizando seriamente la instancia de solicitar la destitución del magistrado de conformidad con los dispositivos regulados en el artículo 129 de la Constitución Provincial.
     


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