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Arte y Cultura

Qué es el Lenguaje Claro y por qué sirve para fortalecer a la sociedad civil
 


La Corte Suprema aprueba "Lineamientos Generales de Sentencias Claras", garantizando la comprensión de las sentencias sin necesidad de documentos adicionales (IStock).
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“El conocimiento es poder”. Esta frase que popularizó el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra ‘De Homine’ (Sobre el hombre), que habría sido pronunciada por el político y filósofo inglés Francis Bacon, en la actualidad es una iniciativa que crece en el mundo. Sin embargo, para que pueda convertirse en una realidad palpable para todos los habitantes de la Tierra, es esencial contar con una comunicación centrada, justamente, en la ciudadanía. De eso se trata el Lenguaje Claro.
Para conocer más, Infobae dialogó con Natalia Bengochea, del Programa “Talleres de Lenguaje Claro” de la Oficina de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), quien además es profesora, licenciada en Letras y egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El denominado Lenguaje Claro se convirtió en una realidad cuando, en 2010, se convirtió en norma en los Estados Unidos bajo el nombre de “Plain Writing Act” (Ley de escritura simple). La legislación norteamericana, impulsada durante la gestión de Barack Obama impone que las “agencias federales utilicen comunicaciones gubernamentales claras que el público pueda comprender y utilizar” en todos los documentos, entre los que se incluyen publicaciones, cartas, formularios, avisos e instrucciones, con un lenguaje “claro, conciso y bien organizado”.

Mediante esta acción, lo que se busca es revertir una práctica muy extendida en el Estado de documentos, formularios y hasta sentencias escritos con un lenguaje oscuro y complejo.
Esta comunicación, entonces, se aleja completamente de la persona a la que está destinada, creando malentendidos y afectando de manera directa el derecho ciudadano a entender. Es decir, a comprender.
 


Lenguaje claro, una necesidad con siglos de historia

Más allá de la norma impulsada y avalada hace más de una década en Estados Unidos, el movimiento de promoción del lenguaje claro se originó en los años 70 en Inglaterra, Suecia, Estados Unidos y Canadá, con iniciativas que buscaban terminar con el lenguaje críptico del Estado, la Justicia y los bancos.
Sin embargo, este no fue su inicio, porque sus raíces se hunden en la antigua tradición de la retórica clásica, que recomendaba como primer paso al elaborar un discurso pensar en quién es la persona destinataria.

En ese sentido, Marco Fabio Quintiliano, en el siglo I, en su obra Instituciones Oratorias, ya defendía la elección de la claridad de estilo:
“Yo tengo por la principal virtud la claridad, la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medido en las cláusulas y, por último, que ni falte ni sobre nada. De este modo el razonamiento será de la aprobación de los sabios e inteligible para los legos”.

Con el propósito de resguardar ese derecho centenario, entre el 27 y 29 de septiembre, en la Facultad de Derecho de la UBA, se realizó por primera vez en América Latina, la Conferencia internacional Conectar culturas: comunicación clara para construir puentes, organizada por el Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA y la asociación PLAIN (Plain Language Association International).
En ese marco, Hipolito Nosiglia, titular de la Oficina de Información Judicial, presentó el Programa de Lenguaje Claro del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro participaron referentes de América Latina, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Entre ellos, estuvieron el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; la directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la UBA, Lorena Tula del Moral; la titular de Plain Language Association International, Joanna Richardson; la especialista de la Universidad de Barcelona Estrella Montolío; y Annetta Cheek, impulsora de la “Plain Writing Act” firmada por Barack Obama el 13 de octubre de 2010.

Durante tres días intensos, más de 400 personas participaron del debate en torno al lenguaje claro y conocieron los avances más significativos en este campo.
Todos los expositores coincidieron en algo: la claridad en la comunicación contribuye a la transparencia de los actos y a la legitimidad de las instituciones.
 


La Justicia, un actor de vanguardia

En este evento, además, se presentó el “Programa Talleres de Lenguaje Claro” que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una iniciativa inédita en el Poder Judicial de nuestro país, en tanto incorpora al lenguaje claro dentro de la política institucional del organismo.
La propuesta, aprobada por el fiscal general Juan Bautista Mahiques -actual presidente de la Asociación Internacional de Fiscales-, contempla la capacitación obligatoria en lenguaje claro para todo el personal del ministerio.

Nosiglia, como titular de la Oficina de Información Judicial que lleva adelante el programa, resaltó que “una justicia moderna no solo debe ser ágil y eficiente, con expedientes digitalizados y edificios accesibles. Es necesario además que sus comunicaciones garanticen el derecho de la ciudadanía a entender”.
Los proyectos de lenguaje claro del organismo también se extienden a la oralidad: apuntan a mejorar la comunicación con víctimas y personas imputadas en las suspensiones de los procesos a prueba, más conocidos como probations, para lograr un mayor cumplimiento de los acuerdos.
 


La postura de la Corte Suprema

La Corte Suprema acaba de aprobar, el 10 de octubre, los “Lineamientos Generales de Sentencias Claras” para el uso correcto del lenguaje en el ámbito del tribunal.
Entre ellos, establece la estructura en la redacción que deben tener sus sentencias y la necesidad de que sean autosuficientes “de forma tal que para su comprensión no resulte necesario recurrir a otros documentos”.

En el documento, el máximo tribunal advirtió que “dada la especialidad del lenguaje jurídico” es “pertinente adoptar prácticas y herramientas a modo de recomendación que faciliten la comprensión de las sentencias por parte de sus destinatarios”.
Asimismo, indicaron que estas iniciativas no deberían demorar los trámites en curso, por lo cual crearon “un grupo de trabajo interno permanente” con este objetivo.
Además, establecieron monitorear las sentencias dictadas con el objetivo de recopilar los tecnicismos judiciales utilizados para poder identificar “oportunidades de mejora continua en la redacción”.
 


Las claves del Lenguaje Claro

Para conocer más profundamente esta herramienta, Infobae dialogó con Natalia Bengochea, quien es una experta en la aplicación de esta clase de comunicación. En la actualidad, se encuentra trabajando en el marco del Oficina de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).  


-¿Cuáles son las bases del Lenguaje Claro?
-Se prioriza el derecho que tiene la ciudadanía a comprender. Y es, nada más y nada menos, que hacer foco en las bases y en los principios de toda comunicación: prestar atención y ajustar lo que se dice en función de a quién me dirijo.
Nosotros, cuando hablamos o comunicamos, lo hacemos con un objetivo particular y nos adaptamos para alcanzarlo de la manera más eficaz, en función de a quién nos estamos dirigiendo. En nuestro caso, en los talleres que llevamos adelante en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, se busca que todos los documentos que se producen puedan ser comprendidos de la mejor manera por la ciudadanía y aquellos a quien les compete.

-¿En qué aspectos se centra?
-Por ejemplo, se centra en los textos, en el tipo de vocabulario y en los tecnicismos dentro del ámbito jurídico; donde existen palabras que tienen que estar porque no hay sinonimia para una figura de un delito. Es decir, hostigamiento no quiere decir lo mismo en el ámbito jurídico, que en una conversación cotidiana.
Para poder establecer un lenguaje claro, cuando se usa esta terminología, se suma una definición, explicación o reformulación. Es, a fin de cuentas, pensar en ese otro que no tiene por qué saber de derecho y que no siempre va a contar con una defensa que, pese a ser parte de los procesos, sea traductora.

-¿Cómo se realizan estos textos?
-Nosotros formulamos los textos y tratamos de dárselos a personas que no son expertas en derecho para que los lean. En un primer momento lo que hacemos es reflexionar sobre la discursividad y el lenguaje, para después de manera colectiva reformular y tratar de armar una mejor versión de los documentos.
Se hace una suerte de testeo en grupo de control. Después se los damos a los titulares de las fiscalías para que los revisen y den su visto bueno, y una vez que se hace todo el recorrido se incorporan al trabajo diario.
Somos conscientes de que el lenguaje es una práctica social y que cada vez que hablamos o escribimos estamos llevando adelante una actividad. La comunicación tiene que ajustarse al objetivo, a las circunstancias y a las personas a las que está dirigido.
Vamos haciendo reformulaciones porque somos conscientes de que no se trata de aplicar una serie de reglas y nada más. Tampoco se trata de armar una nueva versión de un documento para que se cristalice y después termine sin responder a las nuevas situaciones.
Por eso lo que promovemos es una comunicación clara que, después de los talleres y con cada vez más herramientas, se van incorporando. Además, es importante tener en cuenta el visto bueno en cada paso, siendo que este tipo de acciones también fueron impulsadas desde las autoridades incorporando una baja resistencia.

 


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